El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico ha aprobado hoy el decreto por el cual se declara la tapia del cementerio de Torrero de Zaragoza donde se realizaban las ejecuciones como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, Lugar de Memoria Democrática de Aragón. La tapia fue lugar de fusilamiento y ejecuciones masivas por parte de las fuerzas franquistas con significado tanto para la ciudad de Zaragoza como para el conjunto del territorio aragonés, y cuyo recuerdo permanece vivo en la memoria colectiva.
Con esta declaración, el Gobierno autonómico pretende garantizar su valoración, preservación y protección como símbolo de homenaje y reconocimiento de la dignidad de las personas allí asesinadas. Este enclave se suma al Barranco de la Bartolina (Calatayud) y la cárcel de Benabarre, ya reconocidos como Lugar de Memoria, en una lista a la que próximamente se unirá la tumba de quien fuera la primera alcaldesa democrática de España, María Domínguez, en el cementerio de Fuendejalón (Zaragoza).
El decreto de declaración recoge que lo sucedido en la tapia trasera del cementerio zaragozano es fiel reflejo de la represión sistemática e implacable llevada a cabo por los sublevados contra la legalidad constitucional de la II República tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. A partir de 1937, cuando se pusieron en marcha los juzgados militares, la tapia de Torrero fue testigo de la mayoría de las ejecuciones. En la inmediata posguerra, en las tapias de Torrero se siguieron llevando a cabo fusilamientos. Hay que tener presente que, en la ciudad de Zaragoza, a la altura de 1940, había 20 juzgados militares dictando, de forma sistemática, sentencias condenatorias sobre los vencidos.
Las víctimas asesinadas en la tapia de Torrero procedían, sobre todo, de pueblos de las comarcas orientales de la región, pero también de lugares como Zuera, Épila, Gallur, Uncastillo o Torres de Berrellén. En la ciudad de Zaragoza se asesinó al 32% de las víctimas habidas en todo Aragón, muchas de ellas en las tapias del cementerio de Torrero. Los reos eran colocados junto a la tapia forrada de tablones, generalmente de espaldas al pelotón, con el piquete de fusilamiento situado a cinco pasos.
La declaración obliga a seguir ciertas medidas de tutela, como el mantenimiento del volumen, la tipología, la morfología, la distribución y el cromatismo de la tapia, favoreciendo la conservación de los elementos básicos que definen su forma de articulación. Además, se deberán mantener todos los elementos accesorios que la definen (en especial los agujeros provocados por los impactos de los disparos), y toda actuación que se realice deberá ir dirigida a su conservación, restauración y rehabilitación.
Lugar de Memoria Democrática
El Gobierno de Aragón aprobó en 2018 la Ley de Memoria Democrática. Entre otras cuestiones, la norma contemplaba la declaración de lugares de memoria para impulsar su conocimiento. La legislación aragonesa define el Lugar de Memoria Democrática como “aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República española, la Guerra Civil y la dictadura franquista”. Hasta ahora se han declarado como tales el Barranco de la Bartolina (Calatayud) y la cárcel de Benabarre, y se ha iniciado el procedimiento para la declaración de la tumba de la que fuera alcaldesa de Gallur y primera regidora democrática de España, María Domínguez Remón, en el cementerio de Fuendejalón (Zaragoza). Una vez finalizado el periodo de información pública y tras la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio y de Urbanismo, próximamente se publicará la declaración definitiva.
A comienzos de mes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, presidió un acto de homenaje en honor de Domínguez, que puso fin a una intensa labor de investigación que ha impulsado la Dirección General de Patrimonio Cultural, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuendejalón y AFAAEM para buscar y exhumar el cuerpo de la alcaldesa.
Además, el Gobierno de Aragón amplió en 2017 de 50.000 a 200.000 euros las ayudas a proyectos de Memoria Histórica, plasmándose el carácter estratégico de esta materia para el Ejecutivo, cantidad que se ha mantenido desde entonces y que ha permitido trabajos conjuntos con las asociaciones de memoria. A esta cantidad se suman otros 200.000 euros para acciones que se ejecuten desde la propia Dirección General y 196.000 euros más que ha asignado a Aragón la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Estos fondos irán destinados a la localización y exhumación de fosas, identificación de restos y tareas de dignificación y difusión de espacios relacionados con las víctimas de la guerra y la dictadura.