Por qué España vuelve a las urnas: las claves para entender las elecciones del 29 de noviembre

España volverá a las urnas el próximo 29 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de unas elecciones generales que ponen fin a una legislatura que, en principio, todavía tenía recorrido hasta 2027.

La decisión llega apenas tres días después de una de las derrotas parlamentarias más significativas del Ejecutivo en los últimos meses. El Congreso rechazó el viernes los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno en un momento en el que el acceso a la vivienda había vuelto a situarse en el centro del debate político y social. Los votos de PP, Vox y Junts resultaron decisivos para impedir su convalidación.

Sin embargo, explicar el adelanto electoral únicamente a partir de aquella votación ofrecería una imagen incompleta de lo sucedido. La caída de los decretos de vivienda ha actuado como detonante de una crisis parlamentaria que venía desarrollándose desde mucho antes, marcada por la ruptura de Junts con el Gobierno, la imposibilidad de construir una mayoría estable, las dificultades para sacar adelante algunas de las principales reformas y una legislatura que terminará sin haber aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Hay además una circunstancia fundamental para entender la decisión adoptada este lunes: Pedro Sánchez podía continuar gobernando. La derrota parlamentaria del viernes no obligaba constitucionalmente al presidente a disolver las Cortes ni suponía automáticamente el final de la legislatura. El adelanto es, por tanto, una decisión política ante la creciente dificultad para convertir la mayoría que permitió la investidura de 2023 en una mayoría operativa con la que afrontar el tramo final del mandato.

El 29 de noviembre, España vuelve a votar

Pedro Sánchez ha anunciado este 5 de octubre la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre, poniendo fin al Congreso surgido de las elecciones de julio de 2023. En su declaración institucional desde La Moncloa, el presidente ha defendido que ha llegado el momento de que los ciudadanos decidan qué futuro político quieren para el país y ha apelado a la necesidad de construir una mayoría progresista más amplia.

La publicación del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado activará un calendario electoral especialmente rápido. Los partidos dispondrán de apenas unos días para resolver posibles coaliciones, cerrar candidaturas y reorganizar unas estrategias que, hasta este lunes, estaban diseñadas para una legislatura más larga. La campaña oficial llegará en noviembre, aunque desde el momento en el que el presidente ha anunciado la convocatoria la batalla política por explicar por qué España vuelve a las urnas ya ha comenzado.

Y esa primera batalla tiene un protagonista evidente: la vivienda.

La vivienda ha encendido la mecha

El acontecimiento que ha precipitado el adelanto se produjo el viernes 2 de octubre en el Congreso, cuando el Gobierno sometió a votación dos reales decretos con nuevas medidas en materia de vivienda después de unas semanas en las que el problema habitacional había adquirido nuevamente una fuerte presencia social y política.

Las iniciativas incluían, entre otras cuestiones, nuevas protecciones frente a determinados desahucios, medidas sobre los alquileres temporales y por habitaciones y restricciones relacionadas con viviendas propiedad de grandes fondos de inversión. El Gobierno pretendía responder así a una presión social creciente que había adquirido especial visibilidad después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años en Madrid, y de las posteriores movilizaciones desarrolladas en distintas ciudades.

Zaragoza fue precisamente una de las ciudades en las que esa movilización adquirió una presencia especialmente visible. Durante dos días, decenas de tiendas ocuparon la plaza de España antes de una multitudinaria manifestación por el derecho a la vivienda celebrada el sábado 3 de octubre en Zaragoza, apenas unas horas después del rechazo de los decretos en el Congreso.

Para mantener las medidas, sin embargo, el Ejecutivo necesitaba nuevamente construir una mayoría parlamentaria que PSOE y Sumar nunca han tenido por sí solos. Junts confirmó su voto en contra y se sumó a PP y Vox en el rechazo de los decretos, mientras que en una de las votaciones también se incorporaron otros grupos.

La formación catalana argumentó que algunas de las medidas podían producir efectos contrarios a los pretendidos, reduciendo la oferta disponible de vivienda y provocando nuevas subidas de precios. El Gobierno conocía previamente la posición de Junts, pero decidió mantener las votaciones y asumir una derrota que adquirió inmediatamente una dimensión política mucho mayor que la pérdida de dos decretos concretos.

Lo ocurrido permitía comprobar hasta qué punto había cambiado la situación en el Congreso: la mayoría que permitió investir a Pedro Sánchez en 2023 ya no podía darse por existente cuando el Gobierno necesitaba sacar adelante algunas de sus principales iniciativas.

El problema había comenzado mucho antes del viernes

Para comprender cómo dos votaciones sobre vivienda han terminado precediendo a la convocatoria de unas elecciones generales es necesario retroceder casi un año. En noviembre de 2025, Junts formalizó su ruptura con el Gobierno y anunció su intención de bloquear las iniciativas legislativas procedentes del Ejecutivo, una decisión que modificó profundamente una aritmética parlamentaria que desde el comienzo de la legislatura había sido extraordinariamente ajustada.

El Gobierno formado por PSOE y Sumar nunca dispuso de mayoría absoluta. La investidura de Pedro Sánchez fue posible gracias a una compleja suma de apoyos procedentes de formaciones de izquierda y partidos nacionalistas y territoriales que coincidieron en hacer posible la investidura, pero que no constituían una coalición estable ni compartían necesariamente una misma agenda política.

Esa diferencia es importante. Existía una mayoría de investidura, pero no una mayoría automática de legislatura. Cada gran proyecto obligaba al Ejecutivo a reconstruir los apoyos mediante nuevas negociaciones y, mientras todas las formaciones mantuvieron abierta esa posibilidad, el modelo podía seguir funcionando.

La decisión de Junts de abandonar aquella dinámica no provocó la caída inmediata del Gobierno, pero estrechó considerablemente sus posibilidades. El Ejecutivo podía continuar aprobando determinadas medidas, negociando acuerdos concretos o buscando combinaciones parlamentarias diferentes dependiendo del asunto tratado, pero cualquier reforma que necesitara reproducir el bloque completo de la investidura quedaba sometida a una negociación cada vez más incierta.

El viernes, la vivienda terminó mostrando con especial claridad las consecuencias de esa nueva realidad parlamentaria.

Una legislatura que termina sin nuevos Presupuestos

Existe otro indicador que permite entender las dificultades acumuladas durante estos años: los Presupuestos Generales del Estado. La legislatura que ahora termina será la primera de la actual etapa democrática que concluye sin haber aprobado unos Presupuestos propios, después de que el Gobierno haya tenido que mantener prorrogadas las cuentas anteriores.

La prórroga presupuestaria es un mecanismo perfectamente legal y permite que las administraciones continúen funcionando, pero los Presupuestos tienen una relevancia política que va mucho más allá de la gestión ordinaria de ingresos y gastos. Son una de las principales herramientas con las que cualquier Gobierno intenta trasladar su programa político a las cuentas públicas y constituyen, además, una prueba tradicional de la capacidad de un Ejecutivo para reunir una mayoría suficiente en el Congreso.

El Gobierno había llegado a iniciar los trabajos para unas nuevas cuentas de 2027, pero la convocatoria electoral termina con esa posibilidad. El hecho de que la legislatura concluya sin nuevos Presupuestos no explica por sí mismo el adelanto, aunque sí refleja hasta qué punto la dificultad para construir mayorías había condicionado la acción del Ejecutivo mucho antes de la derrota parlamentaria del viernes.

¿Estaba obligado Sánchez a convocar elecciones?

No. Y probablemente esta sea una de las cuestiones más importantes para interpretar correctamente lo ocurrido, porque perder los decretos de vivienda no implicaba automáticamente la caída del Gobierno ni obligaba al presidente a convocar elecciones. El Ejecutivo podía continuar ejerciendo sus funciones mientras no prosperase una moción de censura o se produjera alguna de las circunstancias constitucionales que modifican la continuidad del Gobierno.

La posición adoptada por Junts durante los últimos meses permitía precisamente una situación que puede parecer contradictoria desde fuera, pero que es perfectamente posible en un sistema parlamentario: un partido puede impedir que el Gobierno apruebe buena parte de su agenda sin estar dispuesto a facilitar al mismo tiempo una mayoría alternativa que permita sustituirlo.

Pedro Sánchez disponía, por tanto, de diferentes caminos. Podía intentar completar la legislatura hasta 2027 asumiendo una capacidad legislativa menor, volver a negociar con Junts, buscar acuerdos diferentes para cada iniciativa o concentrar la acción del Ejecutivo en aquellas políticas que no necesitaran reproducir continuamente la mayoría de la investidura.

Todas esas alternativas tenían, sin embargo, un coste político. Gobernar durante meses acumulando derrotas en el Congreso habría permitido a la oposición reforzar la imagen de un Ejecutivo incapaz de convertir sus decisiones en legislación, mientras que cualquier nueva negociación con Junts habría vuelto a situar al partido catalán en el centro del debate político. Sánchez ha decidido evitar ese escenario y trasladar la resolución del problema directamente a las urnas.

¿Por qué convocar precisamente ahora?

Determinar por qué el presidente ha elegido este momento obliga a entrar en el terreno del análisis, porque la convocatoria responde a una decisión estratégica cuya verdadera valoración sólo podrá realizarse cuando se conozca el resultado del 29 de noviembre.

La primera explicación está relacionada con la propia capacidad de gobernar. Una legislatura puede continuar jurídicamente mientras políticamente se encuentra cada vez más limitada, y cada nueva derrota parlamentaria aumenta el coste de mantenerla. El Ejecutivo todavía disponía de instrumentos para actuar, pero tenía crecientes dificultades para garantizar que sus principales iniciativas sobrevivieran después al paso por el Congreso.

La convocatoria permite cambiar completamente el marco del debate. Hasta este lunes, la pregunta recurrente era qué concesiones o negociaciones serían necesarias para que Junts, ERC, PNV u otros grupos apoyaran cada iniciativa. A partir de ahora, la cuestión que plantea el Gobierno es diferente: si la composición actual del Congreso impide desarrollar determinadas políticas, corresponde a los ciudadanos decidir si quieren mantener esa correlación de fuerzas o construir otra.

La vivienda ofrece además al PSOE un terreno sobre el que intentar explicar ese cambio de escenario. La secuencia resulta políticamente sencilla de trasladar al electorado: el Gobierno presenta medidas para intervenir sobre uno de los principales problemas sociales, esas medidas son rechazadas por una mayoría formada por partidos ideológicamente muy diferentes y el presidente decide solicitar una nueva mayoría en las urnas.

La oposición presenta exactamente la interpretación contraria. PP, Vox y Junts sostienen que el problema no está en el Congreso, sino en un Gobierno que ha perdido los apoyos con los que comenzó la legislatura y que ahora utiliza las elecciones para intentar resolver una crisis política de la que responsabilizan al propio Ejecutivo. Buena parte de la campaña consistirá precisamente en determinar cuál de esas dos explicaciones consigue resultar más convincente para los electores.

El adelanto es también una operación de enorme riesgo

Hay un elemento que impide interpretar la convocatoria simplemente como una maniobra realizada desde una posición favorable: las encuestas no sitúan actualmente al PSOE como ganador de las elecciones.

El promedio de sondeos elaborado por RTVE este 5 de octubre proyecta alrededor de 137 diputados para el PP, 104 para el PSOE y 65 para Vox. Con esa distribución, PP y Vox superarían ampliamente los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta del Congreso. Otros estudios publicados durante las últimas semanas presentan diferencias en el número concreto de representantes, pero coinciden en colocar al Partido Popular en primera posición.

Naturalmente, una encuesta realizada antes de comenzar una campaña electoral no determina el resultado que aparecerá en las urnas casi dos meses después. La propia convocatoria puede modificar la movilización de los diferentes electorados, cambiar las prioridades del debate y provocar movimientos entre partidos que ahora resultan difíciles de anticipar.

Sí permite, en cambio, extraer una conclusión relevante: Sánchez no ha convocado las elecciones porque las encuestas le aseguren una posición cómoda. Al adelantar los comicios acepta la posibilidad real de perder el Gobierno y confía en que la campaña modifique una correlación de fuerzas que actualmente favorece a la derecha.

La vivienda puede convertirse en uno de los grandes debates del 29-N

Que el final de la legislatura se haya precipitado alrededor de la vivienda tampoco parece un elemento secundario. Durante los últimos años, el acceso a una vivienda se ha convertido progresivamente en una de las principales preocupaciones sociales, especialmente entre jóvenes y hogares que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler.

El problema tiene además una complejidad que difícilmente admite soluciones sencillas. Los inquilinos reclaman protección frente al incremento de los precios y una mayor estabilidad; los pequeños propietarios advierten sobre la inseguridad que pueden generar determinadas regulaciones; los gobiernos necesitan incrementar un parque público que sigue siendo reducido y, paralelamente, existe un debate económico sobre hasta qué punto la respuesta debe pasar por intervenir los precios, aumentar la oferta disponible, modificar la fiscalidad o combinar diferentes políticas.

La caída de los decretos permite que todas esas posiciones entren directamente en campaña. PSOE y las formaciones situadas a su izquierda podrán presentar la regulación como una cuestión social prioritaria, mientras PP y Vox defenderán previsiblemente políticas más orientadas hacia el incremento de la oferta y la reducción de la intervención pública. Junts, por su parte, tendrá que explicar por qué rechazó unas medidas presentadas por el Gobierno como respuesta a la emergencia habitacional.

De esta manera, la vivienda puede dejar de ocupar un espacio sectorial dentro de los programas electorales para convertirse en uno de los asuntos que definan políticamente las elecciones del 29 de noviembre.

La paradoja de los decretos que precipitaron las elecciones

El adelanto produce además una situación institucional especialmente interesante. La disolución del Congreso no supone que desaparezca por completo la actividad parlamentaria, ya que durante el periodo electoral continúa funcionando la Diputación Permanente, encargada de mantener determinadas funciones de la Cámara hasta la constitución del nuevo Congreso.

Su composición es distinta a la del pleno de 350 diputados, lo que ha abierto la posibilidad de que el Gobierno vuelva a impulsar algunas medidas relacionadas con la vivienda durante el periodo electoral y tenga que buscar su convalidación ante este órgano.

La posibilidad plantea un escenario política y jurídicamente singular después de que el pleno del Congreso haya rechazado medidas similares apenas unos días antes. Si el Ejecutivo decide utilizar esta vía, la vivienda no sólo será uno de los asuntos centrales de la campaña, sino que continuará generando actividad parlamentaria mientras los partidos solicitan el voto a los ciudadanos.

El precio inmediato del adelanto: las leyes que se quedan por el camino

La convocatoria de elecciones tiene también consecuencias que van mucho más allá de la estrategia de los partidos. La disolución de las Cortes provoca que numerosas iniciativas que se encontraban en diferentes fases de tramitación parlamentaria decaigan y tengan que comenzar de nuevo su recorrido si el próximo Gobierno decide recuperarlas.

Entre los asuntos afectados aparecen proyectos relacionados con la financiación autonómica, la regulación de la inteligencia artificial, la sanidad, la educación, la extranjería, diferentes políticas sociales y derechos civiles. A ellos se suma el abandono definitivo de los trabajos encaminados a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2027.

Esta es una de las consecuencias menos visibles cuando se produce un adelanto electoral. Disolver las Cortes no sólo cambia la fecha en la que los ciudadanos votan, sino que interrumpe buena parte del trabajo legislativo que se estaba desarrollando, independientemente de que posteriormente pueda ser recuperado por las nuevas cámaras.

Qué se juega el PSOE

Para el PSOE, el 29 de noviembre supone una apuesta de enorme dimensión política. Pedro Sánchez vuelve a recurrir a una estrategia que ya ha utilizado en otros momentos de su trayectoria: intentar transformar una situación aparentemente adversa en una movilización electoral alrededor de una elección entre proyectos políticos claramente diferenciados.

El objetivo socialista pasará previsiblemente por conseguir que una parte del electorado progresista que aparece desmovilizado en las encuestas perciba que existe una posibilidad real de un Gobierno formado o apoyado por PP y Vox. Al mismo tiempo, tendrá que defender la gestión desarrollada desde 2023 y explicar por qué una legislatura que debía prolongarse hasta el próximo año termina anticipadamente.

La vivienda ofrece un argumento para intentar articular ese relato, pero no elimina otros asuntos que estarán presentes durante la campaña. La situación económica, los servicios públicos, los acuerdos alcanzados durante la legislatura, la amnistía y las relaciones con los partidos independentistas volverán previsiblemente al debate.

Si las encuestas actuales se aproximasen al resultado final, el PSOE no sólo perdería el Gobierno, sino que sufriría además un retroceso parlamentario importante. Por ello, las elecciones medirán nuevamente hasta qué punto Pedro Sánchez conserva capacidad para movilizar al electorado progresista cuando parte de una situación demoscópicamente adversa.

El PP necesita algo más que ganar

Para Alberto Núñez Feijóo, la situación de partida es aparentemente más favorable. El Partido Popular encabeza actualmente los principales sondeos y afronta la campaña con la posibilidad de volver a convertirse en la fuerza más votada, como ya ocurrió en las elecciones generales de 2023.

Sin embargo, aquella experiencia recuerda precisamente que ganar unas elecciones no garantiza gobernar. En un sistema parlamentario, la cuestión decisiva comienza después del recuento: qué candidato dispone de apoyos suficientes para superar una investidura.

Por ello, el verdadero objetivo del PP no será únicamente terminar por delante del PSOE, sino conseguir una mayoría que permita a Feijóo llegar a La Moncloa. Y esa necesidad conduce inevitablemente hacia Vox.

El PP tendrá que desarrollar una campaña con un equilibrio complejo: necesita crecer a costa del PSOE y de otros espacios electorales, pero también contener a un Vox que los sondeos muestran considerablemente fortalecido y cuyos diputados podrían resultar imprescindibles para construir una mayoría alternativa.

Vox puede convertirse en la pieza decisiva de una nueva mayoría

Las encuestas conceden actualmente a Vox un peso parlamentario muy superior al conseguido en las elecciones de 2023. Si esa tendencia se confirmase, Santiago Abascal podría encontrarse después del 29 de noviembre con una capacidad de influencia mucho mayor sobre la formación de un eventual Gobierno encabezado por el Partido Popular.

Esto introduce una cuestión que acompañará inevitablemente a Feijóo durante toda la campaña: si los diputados de Vox son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, qué relación estaría dispuesto a establecer el PP con el partido de Abascal y bajo qué condiciones podría producirse un acuerdo.

La respuesta tendrá importancia no sólo para los votantes de ambas formaciones, sino también para la estrategia socialista. Una parte considerable de la campaña del PSOE probablemente buscará movilizar a sus electores presentando el 29-N como una elección que puede desembocar en un Gobierno dependiente de Vox.

Por eso el resultado del partido de Abascal será casi tan importante para determinar el próximo Gobierno como la distancia que finalmente separe al PP del PSOE.

La izquierda deberá reorganizarse en cuestión de días

El adelanto electoral sorprende además al espacio político situado a la izquierda del PSOE en pleno proceso de reorganización. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes trabajaban en la construcción de un nuevo Frente Amplio, cuya presentación estaba prevista inicialmente para mediados de octubre.

El calendario electoral obliga ahora a acelerar todas esas decisiones. Las formaciones tendrán que resolver en apenas unos días cuestiones relacionadas con las coaliciones, el liderazgo, las listas electorales y el reparto territorial de candidaturas que, en otras circunstancias, habrían podido negociarse durante semanas o meses.

No se trata únicamente de un problema organizativo. En muchas circunscripciones españolas se reparten pocos diputados y una fragmentación del voto puede provocar que varias candidaturas próximas ideológicamente obtengan conjuntamente un número significativo de sufragios sin alcanzar individualmente el porcentaje necesario para disputar el último escaño.

La capacidad para llegar a acuerdos será, por tanto, una de las primeras consecuencias concretas del adelanto electoral y puede terminar influyendo directamente en la aritmética del próximo Congreso.

Junts también tendrá que explicar su estrategia ante las urnas

La convocatoria coloca igualmente a Junts ante una situación nueva. La formación catalana pasó de resultar imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a anunciar dos años después que bloquearía las principales iniciativas del Ejecutivo, y ahora tendrá que defender ante sus electores los resultados obtenidos durante ese periodo.

Junts sostiene que el Gobierno no ha cumplido suficientemente los acuerdos alcanzados y presenta su estrategia como una defensa de los intereses de Cataluña. El PSOE, en cambio, tiene la posibilidad de responsabilizar al partido de haber contribuido a hacer inviable la mayoría parlamentaria surgida de las anteriores elecciones.

El resultado en Cataluña permitirá medir cuál de esas interpretaciones recibe mayor respaldo y será también importante para determinar la futura gobernabilidad. Si el próximo Congreso vuelve a quedar dividido entre dos grandes bloques sin mayoría absoluta, los partidos nacionalistas y territoriales podrían volver a disponer de una influencia decisiva, reproduciendo precisamente parte del escenario que ha condicionado la legislatura que ahora termina.

El 29-N puede resolver el bloqueo, pero también reproducirlo

Existe una tendencia comprensible a interpretar unas elecciones anticipadas como una forma de resolver una situación política que ha dejado de funcionar. Los ciudadanos votan, cambia la composición del Congreso y surge una nueva mayoría con capacidad para gobernar. Sin embargo, el sistema electoral no garantiza que ese sea necesariamente el resultado.

Los actuales sondeos apuntan hacia una mayoría clara de PP y Vox, pero las diferencias entre encuestas, la campaña todavía pendiente y el comportamiento de los partidos minoritarios obligan a mantener abiertos otros escenarios. Si ninguno de los bloques alcanza los 176 diputados y las formaciones territoriales vuelven a resultar necesarias para una investidura, España podría encontrarse después del 29 de noviembre con un Congreso tan fragmentado como el que acaba de ser disuelto.

Por ello, analizar estas elecciones únicamente en términos de quién consigue más votos puede resultar insuficiente. El dato decisivo será qué combinaciones permiten alcanzar una mayoría parlamentaria y qué acuerdos están dispuestos a asumir los partidos para construirla.

Aragón afrontará sus segundas elecciones de 2026

La convocatoria presenta además una particularidad en Aragón, cuyos ciudadanos volverán a las urnas después de haber participado este mismo año en unas elecciones autonómicas que modificaron significativamente el equilibrio político de las Cortes de Aragón. El PP volvió a ser la primera fuerza, Vox experimentó un importante crecimiento, el PSOE retrocedió y CHA reforzó su representación, un precedente reciente que inevitablemente será utilizado para interpretar el comportamiento electoral aragonés el próximo 29 de noviembre.

Las primeras reacciones muestran que la campaña nacional tendrá una lectura aragonesa, tanto por las estrategias de los grandes partidos como por el comportamiento de las formaciones territoriales. El presidente de Aragón y líder autonómico del PP, Jorge Azcón, ha celebrado la posibilidad de que los ciudadanos vuelvan a pronunciarse en las urnas, aunque ha acusado a Sánchez de realizar la convocatoria pensando en sus propios intereses políticos.

Desde el PSOE Aragón, Pilar Alegría ha planteado la elección como una confrontación entre modelos diferentes y ha situado precisamente la vivienda y los servicios públicos entre las cuestiones sobre las que deberán pronunciarse los ciudadanos.

Pero una parte especialmente interesante del escenario aragonés puede encontrarse entre las formaciones minoritarias. CHA ha planteado explorar una candidatura conjunta de la izquierda aragonesa y ha iniciado contactos con diferentes partidos, mientras Aragón-Teruel Existe prepara también su participación en los comicios.

Estas negociaciones tienen una importancia mayor de la que podría sugerir su peso nacional. Zaragoza reparte siete diputados, mientras Huesca y Teruel eligen tres cada una, por lo que pequeñas diferencias de voto pueden alterar el reparto del último escaño de cada circunscripción. La capacidad de concentrar o fragmentar el voto puede resultar especialmente relevante en provincias que eligen pocos representantes, convirtiendo las decisiones que se adopten durante los próximos días en una parte importante de la propia batalla electoral.

Un calendario que obliga a los partidos a reaccionar rápidamente

A partir de la publicación oficial de la convocatoria, los acontecimientos electorales se sucederán en pocas semanas. El calendario fijará primero el plazo para registrar las coaliciones y, posteriormente, la presentación de las candidaturas, antes de que la campaña oficial comience durante el mes de noviembre.

Esto significa que decisiones que normalmente pueden prepararse durante meses tendrán que resolverse prácticamente de inmediato. Los partidos deberán seleccionar candidatos, negociar posibles alianzas territoriales, elaborar programas y diseñar una campaña nacional mientras las Cortes ya están disueltas y el Gobierno permanece en funciones hasta que pueda constituirse un nuevo Ejecutivo.

El 29 de noviembre los ciudadanos elegirán la nueva composición del Congreso y del Senado, pero esa jornada no determinará necesariamente quién gobernará España. Si ningún partido obtiene mayoría absoluta, comenzará después el proceso de negociaciones para la investidura y volverá a ser la capacidad de construir mayorías la que determine el desenlace.

Unas elecciones que decidirán mucho más que quién queda primero

La convocatoria anunciada este lunes pone fin a una legislatura extraordinariamente compleja, aunque no garantiza por sí misma que desaparezca el problema político que ha terminado condicionando su desarrollo. El Gobierno surgido después de las elecciones de 2023 consiguió reunir los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, pero aquella suma nunca constituyó una coalición parlamentaria estable y obligó al Ejecutivo a negociar prácticamente cada una de sus grandes iniciativas.

Durante buena parte de la legislatura ese modelo permitió gobernar. La ruptura de Junts fue estrechando progresivamente el margen de actuación hasta que la derrota de los decretos de vivienda terminó mostrando de una manera especialmente visible que reconstruir aquella mayoría resultaba cada vez más difícil. La vivienda no explica por sí sola la convocatoria del 29 de noviembre, pero sí ha sido el acontecimiento que ha terminado precipitando una decisión cuyos antecedentes se remontan muchos meses atrás.

Pedro Sánchez podía haber intentado completar la legislatura hasta 2027 y administrar durante ese tiempo un Congreso adverso, buscando acuerdos diferentes para cada votación y aceptando que una parte de su agenda legislativa probablemente no saldría adelante. Ha optado, en cambio, por asumir el riesgo de unas elecciones en un momento en el que las encuestas favorecen a sus adversarios y trasladar a los ciudadanos una cuestión que el actual Parlamento ya no parecía capaz de resolver.

Por eso el resultado del 29 de noviembre tendrá que leerse más allá de la clasificación habitual entre vencedores y derrotados. La cuestión verdaderamente determinante será si las urnas producen una mayoría capaz de sostener con cierta estabilidad al próximo Gobierno o si vuelven a configurar un Congreso fragmentado que obligue a reproducir las complejas negociaciones de los últimos años.

En 2023 los ciudadanos eligieron un Parlamento del que terminó surgiendo una mayoría suficiente para investir a un presidente, pero mucho más difícil de mantener durante toda una legislatura. Tres años después, España vuelve a votar con esa experiencia todavía reciente y con una pregunta que condicionará todo lo que ocurra después del recuento: no sólo quién debe gobernar, sino con qué mayoría podrá hacerlo.