300.000 aragoneses sufren exclusión social tras la pandemia
La exclusión social en Aragón ha crecido de forma notable en los últimos seis años. Según el Informe FOESSA Aragón 2025 presentado por Cáritas, al menos 300.000 personas viven actualmente en condiciones de exclusión, un aumento del 10,3% respecto a 2018. La cifra supera el promedio nacional y refleja problemas más profundos que la pobreza monetaria.
Factores detrás del aumento de la exclusión social
El estudio identifica que la exclusión social en Aragón se concentra en áreas como la vivienda, la salud y el empleo. Tres de cada diez personas enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada. La salud también presenta un retroceso: el 18,8% de los hogares declara problemas económicos para tratamientos médicos o productos sanitarios. En el empleo, alrededor de 66.100 hogares, con unas 200.300 personas, afrontan inestabilidad laboral o desempleo prolongado, incluso con la recuperación general del empleo.
La exclusión social severa se ha duplicado desde 2018, alcanzando entre 110.000 y 179.000 personas. La dimensión política y de ciudadanía también muestra un empeoramiento, especialmente en vivienda y salud. Las políticas de garantía de ingresos aragonesas ofrecen una cobertura limitada. La renta mínima autonómica ha perdido relevancia frente al IMV, dejando a muchos hogares sin apoyo suficiente.
Perfiles y consecuencias de la exclusión social
Los hogares encabezados por personas desempleadas o en riesgo de pobreza son los más afectados. Más del 90% de los hogares con personas activas buscando empleo se encuentran en exclusión social. Entre los menores de 18 años, uno de cada tres enfrenta algún proceso de exclusión. La nacionalidad, el tamaño del hogar y el nivel de ingresos son factores determinantes.
El informe FOESSA subraya que la exclusión no depende solo de las personas, sino del modelo social. La precariedad laboral, los altos costes de vivienda y la insuficiente cobertura social son barreras estructurales. Según el estudio, avanzar requiere fortalecer las políticas de vivienda y salud, así como mejorar la información y el acceso a las rentas mínimas.
Por último, el informe señala oportunidades de cambio a través de la acción comunitaria, los movimientos sociales y la solidaridad. Se propone un nuevo enfoque centrado en la interdependencia, el cuidado y la justicia social, para revertir los procesos de exclusión y construir una comunidad más inclusiva y sostenible.
