Qué puede hacer España tras la crisis de Ceuta
l Gobierno ha desplegado al Ejército, acelerado los retornos y anunciado nuevas barreras, pero la ley impide aplicar una devolución automática a todas las personas.
La respuesta de España a la entrada masiva en Ceuta se ha desarrollado en tres frentes: recuperar el control de la frontera, reducir la presencia de miles de personas en la ciudad e identificar a quienes no podían regresar inmediatamente a Marruecos.
El Gobierno desplegó unidades militares, reforzó a la Policía Nacional y la Guardia Civil y acordó con Rabat el retorno de decenas de miles de ciudadanos marroquíes. También ha anunciado nuevas barreras marítimas y se ha abierto a reformar la Ley de Extranjería.
Sin embargo, no todas las personas que cruzaron pueden recibir el mismo tratamiento. La legislación diferencia entre el rechazo en frontera, la devolución, la expulsión, el retorno voluntario y la solicitud de protección internacional.
Los menores tampoco pueden ser repatriados colectivamente. España ya fue condenada por el Tribunal Supremo por las devoluciones de menores efectuadas tras la crisis de Ceuta de 2021 sin seguir los procedimientos individuales establecidos por la ley.
Especial sobre la crisis de Ceuta
Este artículo analiza las medidas adoptadas por España. El especial incluye también los hechos y sus posibles consecuencias, la cronología de la crisis y el análisis sobre Marruecos y el uso político de la frontera.
Ejército, refuerzos policiales y nuevas barreras
Índice
La primera medida fue recuperar el control del perímetro. La capacidad ordinaria de la Guardia Civil y la Policía Nacional quedó desbordada cuando miles de personas comenzaron a cruzar simultáneamente por tierra y mar.
El Gobierno movilizó unidades de las Fuerzas Armadas para apoyar a los cuerpos policiales. Su función no consiste en tramitar expulsiones ni resolver solicitudes de asilo, sino en proteger infraestructuras, vigilar puntos estratégicos y prestar apoyo logístico.
El despliegue militar tiene también una dimensión política. Pedro Sánchez calificó lo ocurrido como una vulneración de la integridad territorial española. La presencia del Ejército trasladó el mensaje de que la situación había dejado de ser únicamente una emergencia asistencial.
Interior envió además nuevos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los refuerzos se distribuyeron entre el Tarajal, el puerto, las playas, el centro urbano y las instalaciones utilizadas para identificar a los recién llegados.
La intervención de las fuerzas de seguridad permitió reducir los movimientos descontrolados dentro de la ciudad. Sin embargo, la recuperación efectiva de la frontera dependió también de que Marruecos contuviera nuevas concentraciones y aceptara el regreso de sus ciudadanos.
Más de 48.000 regresos en menos de dos días
Al terminar la jornada del viernes, unas 48.300 personas habían vuelto a Marruecos, según las estimaciones recogidas por las agencias internacionales.
Una parte regresó voluntariamente después de comprobar que no podía viajar a la Península ni obtener automáticamente autorización para permanecer en España. Otras salidas fueron coordinadas por las autoridades de ambos países.
La expresión “devolución” no describe necesariamente todos esos movimientos. Si una persona decide regresar por iniciativa propia, se trata de un retorno voluntario. Si interviene una decisión administrativa española, debe aplicarse el procedimiento correspondiente.
La rapidez de las salidas fue posible porque la mayoría de quienes cruzaron eran ciudadanos marroquíes y Rabat aceptó su regreso. La situación es diferente para los nacionales de otros países, ya que España debe determinar su identidad, su procedencia y si Marruecos está obligado a readmitirlos.
España y Marruecos disponen de un acuerdo sobre circulación, tránsito y readmisión de extranjeros entrados irregularmente, firmado en 1992 y en vigor desde 2012. Su aplicación a ciudadanos de terceros países ha sido históricamente limitada y requiere demostrar que llegaron desde territorio marroquí.
La línea de boyas del Tarajal
Pedro Sánchez ha anunciado la instalación de una línea de boyas en el entorno del Tarajal. La medida pretende dificultar el acceso a nado, delimitar con mayor claridad la frontera marítima y evitar nuevos cruces alrededor del espigón.
La infraestructura puede tener además una consecuencia jurídica. La sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar el rechazo inmediato a quienes son interceptados en el mar deja abierta la posibilidad de que existan elementos físicos de contención marítima.
Si la nueva línea se considera un verdadero elemento fronterizo y no únicamente una señalización, el Gobierno podría defender que quienes intenten superarla quedan sometidos al régimen especial de rechazo en frontera.
La interpretación deberá ser revisada por los tribunales si se presenta algún recurso. Una barrera física no elimina las obligaciones de España en materia de derechos humanos, rescate marítimo, asilo y protección de menores.
La instalación también plantea cuestiones de seguridad. Las boyas no pueden aumentar el riesgo de ahogamiento ni impedir que la Guardia Civil y Salvamento Marítimo auxilien a una persona en peligro.
Rechazo, devolución, asilo y protección de menores
El debate político utiliza con frecuencia la expresión “devolución en caliente” para referirse a procedimientos jurídicos distintos.
El rechazo en frontera puede aplicarse en Ceuta y Melilla a quienes son detectados cuando intentan superar los elementos físicos de contención, como las vallas. Permite impedir la entrada sin iniciar el procedimiento ordinario de expulsión.
El Tribunal Constitucional avaló este mecanismo, pero estableció que debe respetar las obligaciones internacionales de España y aplicarse de manera individualizada.
La sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo ha aclarado que el rechazo no puede utilizarse automáticamente con las personas interceptadas en el mar. Las cámaras térmicas, los drones y los sensores permiten detectar movimientos, pero no son elementos físicos de contención.
Cuando una persona es localizada nadando en aguas españolas, debe aplicarse el procedimiento de devolución previsto en el artículo 58 de la Ley de Extranjería. Eso implica identificación, asistencia letrada, posibilidad de alegar y comprobación de sus circunstancias.
La devolución puede ejecutarse con rapidez, pero no es una actuación material inmediata sin expediente. Tampoco puede realizarse si existe riesgo de persecución, tortura o trato inhumano en el país al que se pretende enviar a la persona.
Cinco situaciones diferentes
Rechazo en frontera: impide superar los elementos físicos del perímetro de Ceuta o Melilla.
Devolución: procedimiento para quien intenta entrar irregularmente o es interceptado en la frontera o sus inmediaciones.
Expulsión: sanción administrativa aplicada a una persona extranjera que se encuentra en España.
Retorno voluntario: regreso decidido por la propia persona, aunque pueda contar con apoyo institucional.
Protección internacional: procedimiento para determinar si existe derecho de asilo o protección subsidiaria.
Qué sucede cuando alguien pide asilo
España tiene la obligación de registrar y estudiar las solicitudes de protección internacional. La entrada irregular no anula el derecho a pedir asilo.
La solicitud tampoco garantiza que la persona pueda permanecer definitivamente. Las autoridades deben comprobar si existe un temor fundado de persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos, de nacionalidad, orientación sexual o pertenencia a determinado grupo social.
También puede concederse protección subsidiaria cuando el regreso suponga un riesgo real de muerte, tortura o violencia grave.
Hasta que se resuelva la situación, España no puede devolver al solicitante a un país donde afronte ese peligro. Es el principio de no devolución reconocido por el derecho internacional.
La mayoría de los ciudadanos marroquíes que cruzaron no parece haber solicitado asilo y decidió regresar. Pero cada petición presentada debe examinarse individualmente.
Por qué los menores no pueden ser devueltos en grupo
Los menores no acompañados quedan bajo la tutela de la administración competente. Antes de adoptar cualquier decisión debe comprobarse su edad, identidad, situación familiar y condiciones en el país de origen.
La reunificación familiar es posible si beneficia al menor y existen garantías suficientes. No puede ejecutarse como una devolución colectiva ni basarse únicamente en su nacionalidad.
En 2021, España devolvió a Marruecos a varios menores llegados durante la anterior crisis de Ceuta. El Tribunal Supremo declaró ilegales aquellas repatriaciones por no haber tramitado expedientes individuales, escuchado a los afectados ni permitido la intervención del Ministerio Fiscal.
Ese precedente limita la respuesta actual. Aunque Marruecos acepte el regreso, España debe estudiar separadamente cada caso y aplicar el principio del interés superior del menor.
Mientras se realizan esos procedimientos, Ceuta debe proporcionar alojamiento, alimentación, escolarización y atención sanitaria. Si su capacidad está superada, los menores pueden ser trasladados a otras comunidades autónomas.
¿Puede el Gobierno cambiar la Ley de Extranjería?
Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a estudiar una reforma para agilizar las repatriaciones. El PP reclama recuperar el rechazo inmediato para quienes intentan entrar por el mar, mientras Vox propone medidas más amplias de cierre y expulsión.
El Parlamento puede modificar la ley y ampliar el concepto de elemento de contención fronteriza. También puede simplificar determinados plazos administrativos.
No puede eliminar el derecho de asilo, las garantías de los menores ni el principio de no devolución. Estas obligaciones proceden de la Constitución, el derecho europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por España.
Una reforma aprobada bajo la presión de la crisis tendría además que superar el control del Tribunal Constitucional y de los tribunales europeos.
Las decisiones que todavía están pendientes
El Gobierno debe determinar cuántas personas continúan en Ceuta, cuántas han solicitado protección y cuántos menores llegaron sin acompañamiento. También debe publicar un balance consolidado de víctimas, heridos, detenciones y retornos.
Será necesario aclarar si los refuerzos policiales permanecerán de manera estable o se retirarán cuando disminuya la presión. Los sindicatos habían denunciado falta de personal antes de la crisis y consideran insuficiente regresar al dispositivo anterior.
La línea de boyas debe definirse técnicamente, contar con garantías de seguridad y disponer de una cobertura jurídica clara. También deberá decidirse si se amplían las instalaciones de identificación y acogida.
La respuesta inmediata ha conseguido reducir la presencia de migrantes en las calles y recuperar el control fronterizo. La cuestión es si España prepara una solución estructural o vuelve a depender de que Marruecos mantenga sus controles.
La ley permite devolver a quienes entran irregularmente, pero exige procedimientos y garantías. El principal reto no es escoger entre seguridad y legalidad, sino construir un sistema capaz de aplicar ambas incluso cuando decenas de miles de personas llegan al mismo tiempo.
